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Competencia para tomar decisiones sobre la atención sanitaria

Por Charles Sabatino, JD, Georgetown University Law Center;American Bar Association

Por lo general, la legislación de los distintos países suele reconocer a los adultos a partir de los 18 años de edad el derecho a gestionar sus asuntos y asumir sus propias responsabilidades, incluyendo el derecho a tomar decisiones sobre la atención sanitaria. Los menores emancipados son los que adquieren legalmente este estado, en condiciones variables según los distintos países, pese a no haber alcanzado la mayoría de edad, que suele estar establecida en los 18 años, y por tanto se les considera legalmente competentes. Pese a que la definición de este grupo de población varía según la legislación de cada país, suele referirse los menores que están casados, que están en las fuerzas armadas o que han obtenido una autorización legal de emancipación.

Incapacidad legal (o incompetencia)

La capacidad legal y todos los derechos que conlleva permanecen en vigor hasta la muerte. Para establecer la incapacidad legal, un tribunal de justicia debe determinar que una persona ya no puede gestionar sus asuntos personales en su propio interés, de modo que la intervención judicial es necesaria para su protección. Los médicos no pueden determinar la incapacidad legal. El procedimiento judicial suele denominarse tutela o curatela. Los requisitos legales para la declaración de incapacidad varían según el país. Sin embargo, los más habituales son los siguientes:

  • Una enfermedad incapacitante (por ejemplo, discapacidad intelectual, trastorno mental, demencia, un trastorno médico que afecta el pensamiento o la conciencia, o el uso crónico de determinados medicamentos)

  • La falta de capacidad mental (cognitiva) para recibir y evaluar la información o para tomar o comunicar decisiones

  • La incapacidad para cumplir con los requisitos esenciales de la salud física, la seguridad o el cuidado de sí mismo sin la intervención protectora de alguien

  • La constatación de que la tutela o la curatela es la única forma viable de proteger a una persona

Los profesionales de la salud, incluso si consideran que la persona es incapaz de tomar una decisión, no pueden pasar por alto la voluntad expresada por esta a menos que un tribunal la declare legalmente incapacitada.

Hoy se tiende a dar prioridad legalmente al término «incapacidad» sobre el de «incompetencia» y se define el término como de una actividad específica, en el sentido de que cada actividad requiere capacidades distintas para llevarla a cabo. Por ejemplo, una persona puede ser declarada legalmente incapacitada con respecto a sus asuntos económicos, y no obstante conservar su capacidad legal para tomar decisiones sobre la atención médica o sobre dónde vivir. Tras una decisión judicial de incapacidad legal, la persona pierde totalmente o en parte el derecho a tomar decisiones. La incapacidad legal suele ir acompañada del nombramiento de un representante legal que tomará las decisiones por la persona afectada.

Incapacidad clínica

La incapacidad clínica para tomar decisiones sobre la atención médica se establece mediante el dictamen de un médico u otro profesional de la salud cualificado que determina que una persona es incapaz de lo siguiente:

  • Comprender cuál es su estado de salud o los riesgos y beneficios derivados del tratamiento terapéutico propuesto y sus alternativas

  • Tomar decisiones médicas adecuadas o comunicarlas

Una persona en coma no puede tomar ninguna decisión, mientras que una persona con un problema grave de lenguaje puede ser capaz de tomar decisiones pero ser incapaz de comunicarlas. Las personas con una demencia leve pueden pensar con la lucidez suficiente para dialogar con su equipo médico y tomar algunas decisiones sobre la atención médica que van a recibir. Además, la incapacidad clínica no es necesariamente permanente. Las personas en estado de intoxicación, desvarío, coma, gravemente deprimidas o alteradas, o en cualquier otro estado que suponga pérdida de facultades, probablemente no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre la atención sanitaria, pero podrán recuperar esta capacidad una vez superado su estado. También es importante que los médicos evalúen la capacidad de una persona para llevar a cabo una decisión. Por ejemplo, una persona con una pierna fracturada puede ser capaz de tomar decisiones (por ejemplo, abandonar el hospital) pero no tener la capacidad de llevarlas a cabo. Proporcionarle el apoyo y la ayuda necesarios para ello es un objetivo importante de la atención médica.

En las personas con demencia puede ser necesaria una valoración del nivel cognitivo, de memoria y de razonamiento antes de que sus médicos puedan proseguir con la atención médica. Asimismo, antes de que un abogado o un contable pueda realizar algún tipo de transacción, es necesaria una valoración clínica de la capacidad de la persona para llevar a cabo acciones legales u operaciones económicas importantes. En cuanto a las decisiones sobre la atención médica, si los médicos consideran que la persona no está suficientemente capacitada recurren a alguien autorizado para actuar como sustituto en la toma de decisiones. Este procedimiento para la toma de decisiones sobre la atención médica en relación con personas que no pueden tomarlas por sí mismas, en raras ocasiones deriva en una demanda legal de responsabilidades. No obstante, si la persona misma u otros particulares interesados se oponen a una determinada decisión médica o a la determinación de la incapacidad clínica, pueden tener que intervenir los tribunales. Salvando las diferencias de procedimiento según los países, un médico no puede actuar contra la voluntad de una persona a menos que un tribunal haya declarado legalmente su incapacidad.