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Introducción a los aspectos éticos y legales en la atención sanitaria

Por

Charles Sabatino

, JD, American Bar Association

Última revisión completa sep. 2018
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La ley tiene mucho que decir sobre la toma de decisiones personales. Por ejemplo, el paciente está legalmente capacitado para tomar sus propias decisiones sobre la atención sanitaria que quiere recibir. No obstante, la mala salud puede poner en peligro la capacidad del paciente para ejercer sus derechos legales.

La salvaguarda de estos derechos requiere pensar y tomar decisiones anticipadamente. Una enfermedad repentina o crónica puede causar debilidad extrema y confusión, haciendo que el enfermo resulte más vulnerable y pueda caer en una involuntaria pérdida de control. Para aquellas personas que se encuentran en una situación de incapacidad física o mental puede resultar difícil llevar personalmente sus propios asuntos, expresar sus deseos y asegurarse de que se respeta su voluntad. No obstante, los adultos de cualquier edad pueden realizar las acciones necesarias para protegerse contra la pérdida de control sobre su propia vida, y esas acciones son especialmente importantes en el caso de las personas de edad avanzada.

Algunos términos legales relacionados con la atención sanitaria

Capacidad legal (competencia): el derecho y la capacidad de gestionar los propios asuntos (otorgado a los 18 años en la mayoría de los países).

Incapacidad legal (incompetencia): incapacidad para gestionar los propios asuntos debido a una lesión o discapacidad, según lo determinado por un proceso legal.

Incapacidad clínica para tomar decisiones sobre la atención médica: incapacidad para comprender los beneficios significativos, riesgos y alternativas más relevantes a las propuestas recibidas para el cuidado de la salud, así como para tomar y comunicar decisiones de este tipo, según lo determinado por un médico u otro profesional de la salud cualificado.

Voluntades anticipadas: documentos u otros registros, como un testamento vital o un poder legal para asuntos médicos, que comuniquen los deseos de la persona en lo referente a las decisiones sobre su salud.

Testamento vital: documento, en ocasiones denominado «directrices para los médicos», que expresa los deseos de una persona con respecto a las intervenciones médicas futuras, cuando dicha persona ya no tenga la capacidad de tomar decisiones sobre el cuidado de su propia salud.

Poder legal para asuntos médicos: documento que designa legalmente a otra persona para tomar decisiones médicas en nombre de la persona que otorga el poder en caso de que esta ya no tenga la capacidad de tomar decisiones sobre el cuidado de su propia salud. La persona designada puede denominarse agente o apoderado sanitario, representante sanitario o cualquier otro nombre, dependiendo del país.

En cuanto a los aspectos personales relativos a la salud, la herramienta de planificación clave es una directriz anticipada (voluntades anticipadas) sobre la atención médica que se desea recibir, que incluye un testamento vital, un poder legal para asuntos médicos o ambos. Para los asuntos financieros en general, las herramientas legales imprescindibles son los poderes notariales para asuntos financieros, el testamento y, en algunos casos, un fideicomiso revocable (o vitalicio). En conjunto, estas herramientas legales ayudan a dirigir y gestionar las decisiones que afectan a los temas financieros y de salud de la persona de acuerdo con sus deseos cuando esta ya no tiene la capacidad para tomarlas. El resto de este capítulo se centra en cuestiones de atención médica y de planificación de las decisiones de salud.

Las voluntades anticipadas en el ámbito de la salud deben ser producto de la reflexión conjunta entre la persona y sus allegados, y deben recoger los valores de la persona, sus prioridades y sus preferencias durante una enfermedad grave. Existen diferencias entre las distintas leyes estatales que regulan las voluntades anticipadas, pero los 50 estados permiten que cada persona exprese sus deseos sobre el tratamiento a recibir al final de su vida en caso de sufrir una enfermedad o herida terminales, y que se designe a alguien para que se comunique en su nombre en caso de que la persona en cuestión no pueda hacerlo por sí misma.

Los documentos referentes a la salud pueden redactarse sin necesidad de un notario. No obstante, es conveniente recurrir a un notario en especial cuando las disposiciones del paciente son complejas o cuando se sospecha que probablemente los familiares estarán en desacuerdo.

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